Llaman abuso policial a lo que es terrorismo de Estado

 

El pasado jueves se aprobó ley de Abusos policiales. Esta ley fue cepillada sobre su texto inicial porque era inaceptable para la mayor parte de la reacción del Estado español. En realidad no solamente fue cepillada sino que, además, ha nacido con un nombre edulcorado que resta gravedad a lo ocurrido durante tantos años. Y es que lo correcto hubiera sido llamarla Ley de Terrorismo de Estado.
El diccionario que tengo ahora a mano atribuye a la palabra terror el significado de “miedo, espanto y pavor”. De la palabra terrorismo dice lo siguiente: “Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Pero no es el propósito de esta nota promover el debate sobre lo que es o no terrorismo. Tan sólo pretende denunciar el doble rasero que, de interesada manera, utilizan muchas personas —autodenominadas pacifistas y demócratas hasta la saciedad— cuando hablan de violencia; y es que, dependiendo de quién la ejerce o la ha ejercido, la llaman de dos maneras muy diferentes.

A las muertes y daños materiales ocasionados por ETA, los “pacifistas” y “demócratas” del Estado español les llaman terrorismo. Sin embargo, para las muertes y daños materiales provocados por los aparatos del Estado (entiéndase: colocación y explosión de bombas, secuestros, persecuciones, asesinatos, torturas —no pocas de ellas con resultado de muerte—, etc.), los mismos “pacifistas y demócratas de toda la vida” utilizan el término de abusos policiales. Esa manera tan hipócrita e insultante de llamar blanco, o como mucho gris, a lo que realmente es negro se puso en uso a partir de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada; hasta entonces ni siquiera hablaban de los “abusos” cometidos contra militantes revolucionarios y personas sin ningún vínculo político —que contra éstas últimas también se ha ejercido mucha violencia— por parte de quienes, se supone, estaban dedicados a salvaguardar los derechos humanos de todos sus gobernados.
De una u otra manera, ha sido tanta la violencia ejercida por el Estado a lo largo de todos estos años que, por más que se empeñen, resulta imposible ocultarla debajo de la alfombra de su flamante “democracia”. La llamada Transición no fue tal, y mucho menos pacífica; en menos de cinco años —entre 1976 y 1980— los siniestros aparatos del Estado —con o sin uniforme— generaron más de cien asesinados, miles de heridos y torturados. Antes y después de los años señalados también abundaron los “abusos”; los llamados GAL, por ejemplo, que dejaron su buen reguero de sangre y muerte en los ochenta, cuando gobernaba Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba era portavoz del gobierno.
Pero no importa, a pesar de que el terror causado por el Estado ha sido ingente y prolongado en el tiempo, los “pacifistas y demócratas de toda la vida” no tienen ningún problema en rebajarlo a la categoría de “abuso” o “exceso”, palabra, esta última, que también utilizan para restar importancia a hechos tan graves.
La Justicia de este país tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Mientras cientos de presos políticos —así los reconocen diversos organismos internacionales, incluida la ONU a través de sus relatores— siguen en las cárceles cumpliendo condena por su actividad armada, ningún “abusador” permanece entre rejas, ya que, gracias a los favores de sus “jefes”, la estancia de los pocos que llegaron a ingresar en prisión siempre fue efímera. Felipe González —el llamado señor X de los GAL, el que tanto se “preocupa” por los derechos humanos en Venezuela— por ejemplo, firmó indultos a varios torturadores, encubrió a otros muchos para que no sufrieran condena y, en vez de apartarlos de sus cargos, ascendió a no pocos individuos implicados y condenados por estas y otras prácticas “abusivas”.
Cuando hace unos años, además de reconocer el daño causado, ETA dio innegables pasos para su desaparición, los responsables de los “abusos policiales” no reconocieron el suyo, y permanecieron inmersos en su arrogante inmovilidad. No les bastó el cese definitivo de la actividad armada, anunciado por ETA en octubre de 2011, y su disposición a un desarme verificable. Para justificar su estrategia inmovilista que nunca cesó, dijeron que sólo se sentarían a hablar cuando aquella se disolviese; una exigencia bastante estúpida, por cierto, porque, disuelta la organización, ¿a quién van a dirigir la palabra?
Finamente ETA se desarmó y se disolvió a cambio de nada. No es que no hubo contrapartida política a su desaparición, sino que, además, al disolverse de manera unilateral abandonó a sus presos en las cárceles del Estado. Prueba de ello es que la organización dejó de existir hace casi un año y, sin embargo, sus presos siguen encarcelados.
Mientras tanto y como mucho, los sostenedores del régimen del 78 a lo más que han llegado es a llamar abuso policial al terrorismo de Estado.

 


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