Menospreciando los resultados del 9 N, el gobierno español se deslegitima a sí mismo

viCman (Trinchera Patriótica)

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Llegó el anunciado 9 de Noviembre y, con todo tipo de impedimentos por parte del gobierno estatal y europeo, buena parte de los catalanes y catalanas salieron de sus casas para votar. Lo hicieron, insisto, bajo una incesante y torrencial lluvia de mentiras, injerencias y amenazas, vertidas todas ellas en nombre de la “democracia”.
Sobre un censo de 6.228.531 personas, el resultado momentáneo —digo momentáneo porque hasta el día 25 del presente mes todavía se puede votar, algo que se obvia con demasiada facilidad— es de 2.305.290 votos emitidos; 1.861.753 de ellos a favor de la independencia.
Inmediatamente después, miembros del gobierno español e individuos varios insistieron en calificar de ilegal y antidemocrática —tremenda paradoja— la citada actividad democrática. Con tres días de retraso, el presidente —Mariano Rajoy— opinó que el 9 N fue un “fracaso del proyecto independentista”, y que la consulta se realizó sin garantías, cuando, en realidad, fue precisamente el gobierno que preside el que impidió que el proceso se desarrollara con normalidad, no facilitando el censo y recurriendo al Tribunal Constitucional. Rajoy trató de deslegitimar a los responsables de 9 N insistiendo en que, con los resultados de la jornada en la mano, en Catalunya “hay más catalanes que independentistas”. Y aseguró, además, que no va a “dialogar sobre la unidad de España”.
Es cierto que los citados resultados señalan que el 64% de los censados no acudieron a las urnas, y que los que dijeron sí a la independencia —el 80,76% de los que votaron— fueron minoría en relación al citado censo. Pero no es menos cierto que bajo las adversas circunstancias ya mencionadas —mentiras, injerencias y amenazas— movilizar a la gente no es tarea fácil.
Que el gobierno español hable de fracaso no deja de ser un sarcasmo. ¿Por qué utilizan tan rastreras herramientas si están tan seguros que los resultados de un referéndum con todas las garantías están de su parte? La respuesta es bien sencilla: Rajoy y sus secuaces saben que, muy probablemente, el resultado que arrojó el 9 N no es del todo real, que puede ser adverso para sus perversos intereses.
Salta a la vista, los que utilizan el miedo tienen miedo. Solo convocando un referéndum y defiendo su postura sin recurrir a las amenazas, a las mentiras y al miedo, además de rechazando las injerencias de actores externos como Joaquín Almunia, Durao Barroso —que vaticinan poco menos que el Apocalipsis para los catalanes si estos se independizan—, Barack Obama… y ahora, incluso, David Cameron, podrán ser creíbles sus análisis u opiniones.
He comentado unas líneas más arriba que Rajoy deslegitima al movimiento independentista de Catalunya por los resultados obtenidos el 9 N. Pero veamos que sucede cuando él y su partido se someten a las urnas.
En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el censo electoral fue de 35.779.208 individuos. Los herederos del franquismo —el PP— obtuvieron 10.830.693 votos; es decir, 24.948.515 personas no les votaron, ya que eligieron otras opciones: la abstención, el voto en blanco, el nulo, o simplemente votaron a otros partidos. Este dato tan significativo no les impide repetir, hasta la saciedad, que Mariano Rajoy es “el presidente de todos los españoles”, que “gobiernan porque el pueblo así lo ha querido”. Incluso, sumándoles los votos del PSOE —7.003.511—, el otro partido con el que se alterna en el poder, no superan el 31% de la población de todo el Estado. Como se puede observar, una amplia mayoría se somete a los dictados de la minoría; ¡y a esto sí llaman legitimidad y democracia!
En las elecciones generales del Estado español —donde el sistema electoral beneficia claramente al bipartidismo— la suma de la abstención y los votos conseguidos por las otras formaciones siempre supera con creces a los dos partidos más votados, a los que hasta ahora se han alternado en el poder —al PP y al PSOE me refiero—. Actualmente, el PP tiene mayoría absoluta con menos de un tercio del censo electoral. Cuando esto siempre sucede, deslegitimando al movimiento independentista de Catalunya por los resultados del 9 N, el gobierno español se deslegitima a sí mismo.

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